El Tribunal Supremo comenzará a juzgar a
Baltasar Garzón por
un supuesto delito de prevaricación
al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del
franquismo el próximo 24 de enero, informaron a Europa Press en fuentes
jurídicas. Concretamente, el día 24 se ha citado a las partes para
tratar las cuestiones previas a la vista (posibles peticiones de
anulación por prescripción de los hechos, por ejemplo) y el asunto se
reactivará con el juicio en sí el 31 de enero.
Tomado de abc.es
Varela juzgará a Garzón por las escuchas Gürtel si se estiman las recusaciones
El magistrado Luciano Varela, instructor de la causa contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, es uno de los cinco jueces sustitutos que formarán parte del tribunal que juzgue a Garzón por ordenar las escuchas del caso Gürtel, en el caso de que se estimen las recusaciones formuladas por el acusado contra los cinco jueces que iniciaron el proceso.
Varela, que realizó una instrucción muy criticada de la causa sobre los crímenes del franquismo, fue recusado por Garzón como juez instructor pero esa recusación fue rechazada. Sin embargo, meses después fue señalado por la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo como artífice de la contaminación de cinco magistrados para juzgar aquel caso.
Según el auto de la Sala del 61, Varela se remitió a la Sala que admitió las querellas de Manos Limpias y de Falange contra Garzón “atribuyéndole haber creado un título de imputación, al que dicho instructor se atiene, apoyando su investigación en la propia relevancia penal que la Sala en cuestión daba a los hechos objeto de la querella”. Con ello, Varela dio a entender “que la dirección de la instrucción en el caso la ostentaba la Sala Penal y esta apreciación, acertada o errónea, en ningún momento es descalificada o cuestionada por la Sala”, añadió el auto de la Sala Especial.
El resultado fue que el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y otros cuatro magistrados quedaron contaminados y apartados del tribunal que debía juzgar la investigación del franquismo, pues la Sala Especial consideró que las “sospechas o recelos” de Garzón sobre la imparcialidad objetiva de los magistrados que iban a juzgarle estaban justificadas.
Aunque hace más de año y medio que Varela abrió el juicio oral contra Garzón por la investigación del franquismo, la Sala todavía no ha encontrado tiempo para fijar la fecha de la vista y ha dejado pasar por delante el juicio de las escuchas Gürtel, al que ahora incorpora a Varela como magistrado del tribunal de enjuiciamiento en tanto se resuelven las recusaciones. Si Garzón es condenado en la causa de las escuchas que se inicia el 17 de enero y expulsado de la carrera judicial, el Supremo se evitará el juicio por la investigación del franquismo, que será remitido a la Audiencia de Madrid.
La Sala Penal ha nombrado al magistrado Miguel Colmenero instructor de la recusación por Garzón de seis de los siete magistrados integrantes del tribunal de las escuchas Gürtel en prisión. La sala que sustituye a los recusados está presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta e integrada por Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo y Luciano Varela. La Sala que finalmente juzgue a Garzón tendrá que contar con otros dos magistrados, uno de los cuales, Manuel Marchena, también está pendiente de la recusación de Garzón como instructor del patrocinio del banco de Santander a dos cursos de Garzón en Nueva York.
Si la recusación de Marchena, que no cuenta con el apoyo del fiscal, es rechazada y las de los otros cinco jueces es admitida, en el tribunal que juzgue a Garzón por las escuchas Gürtel estarán Varela y Marchena, los dos instructores que han investigado a Garzón por sendos supuestos delitos de prevaricación y el primero de los cuales abrió juicio contra él con una valoración jurídica “claramente inculpatoria”, según la Sala del 61.
Tomado de:
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/25/actualidad/1322241774_662568.html
Juez Baltasar Garzón, a favor de regular las redes sociales
XALAPA, Ver. (apro).- El juez español Baltasar Garzón se manifestó a
favor de regular las redes sociales y el uso de internet para “evitar”
que estos medios de comunicación “sean utilizados de manera
irresponsable o para generar caos social”, como ocurrió con los
twitteros veracruzanos detenidos en septiembre pasado acusados de terrorismo y sabotaje.
Para
Garzón, tanto las instituciones como quienes forman parte de ellas
deben tener un “juicio muy crítico pero también mesurado”, cuando se
afirma “que hay determinados conceptos o actitudes que atacan a la
libertad de expresión”.
“No he visto donde está el ataque a la
libertad de expresión”, subrayó el juez en referencia a lo ocurrido en
Veracruz, cuando en septiembre pasado dos usuarios de las redes sociales
fueron encarcelados por las autoridades estatales acusados por los
delitos de terrorismo y sabotaje al difundir mensajes sobre presuntos
atentados de la delincuencia organizada.
Lo que en este caso se
produjo, subrayó, “fue un hecho presuntamente delictivo y, por lo que yo
he comprobado desde los hechos ocurridos en Veracruz, no he visto dónde
está el ataque a la libertad de expresión”.
En conferencia de
prensa, donde estuvo el gobernador Javier Duarte, la representante de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado y el
consejero de la UNAM, Antonio Navalón Sánchez, el juez español insistió
que reglamentar el uso de las redes sociales “no tiene nada qué ver con
la libertad de expresión”.
Recordó que, como juez, en 1998 tomó
una “decisión muy grave con alcances importantes e inédita en España, al
cerrar un periódico y dos emisoras de radio porque a través de estos
medios, “se estaba coadyuvando al desarrollo de actividades terroristas
de ETA y así fue confirmado por el tribunal. No se cerraron porque la
línea fuera crítica y en contra del Estado”.
Aunque, dijo, son
ejemplos diferentes –los casos de Veracruz y España–, “tienen en común
el fin último, que es el que los medios cumplan su cometido, pues no se
trata de coartar la crítica política, sino de brindar certidumbre a la
ciudadanía, evitando la difusión de información falseada con fines
específicos”.
En este contexto, consideró que sería una
inconciencia y una irresponsabilidad absurda no tomar este tipo de
medidas, “pues todos los ciudadanos lo que harían en la siguiente
ocasión que esto aconteciera sería buscar responsabilidades en quienes
tenían que haber tomado la decisión y no la tomaron”.
De esta
manera, Garzón subrayó que la reforma al Código Penal de Veracruz que
tipificó el delito de perturbación al orden público, “es similar al
Código Penal Español y de otros países como Argentina, donde se regula
la utilización de estas herramientas”.
El juez español aclaró que
no entraría en descalificaciones en contra de quienes han considerado
esta medida como una agresión a la libertad de expresión, pero apuntó
que la reforma al Código Penal veracruzano “es una regulación
prácticamente idéntica a la que recoge el artículo 561 del Código Penal
español”.
En tanto, la fiscal de la Audiencia Nacional de España,
Dolores Delgado, refrió que su país se ciñe a un acuerdo marco europeo
que regula el uso de las redes sociales y de internet, así como la
posible penalización de conductas que a través de estos medios de
comunicación se producen.
Dicha decisión, tomada en 2008,
“encomienda a los Estados la regulación del uso de estos medios de
comunicación y no tiene que ver con violaciones a la libertad de
expresión, sino evitar que sean utilizados con otros fines que afecten a
la sociedad”.
Tomado de:
http://www.proceso.com.mx/?p=287214
